¿Evaluar para mejorar o para los números? 

 

Por Nahuel Escalada

Septiembre 2014

 

Los debates en torno a la evaluación de políticas públicas se han ido incrementando a partir del aumento en la capacidad de intervención del Estado en el entramado social. Cuando hablamos de lo público incidiendo en la vida de los ciudadanos surge la necesidad de un feedback que logre mantener el equilibrio Eastoniano en el sistema político.

 

Es en este aspecto, cuando hablamos de la influencia del Estado y de las necesidades de respuesta a las demandas de la ciudadanía, cuando nos cuestionamos el rol que ha jugado la evaluación en el desarrollo de las políticas públicas en el contexto actual.

 

Los partidos políticos, aun manteniendo cierto resguardo sobre la ideología, se han preocupado fuertemente por su capacidad de gestión y en este sentido por su capacidad de mostrar las bondades de su actuar en vista a eventuales campañas electorales, he ahí que la evaluación comenzará esa disputa entre la evaluación como herramienta de mejora, o como herramienta de marketing.

 

Los resultados de las evaluaciones denotan cierta aproximación a su utilización como sistema de control, arrojando constantemente resultados estadísticos y acostumbrando al ojo del ciudadano a medir el resultado de una política en relación a cifras exponenciales, nos cuentan a cuántas personas afectó, qué erogaciones produjo o cómo afectó en los indicadores económicos, cabe preguntarnos en este sentido si esto es un reflejo fiel de que la política haya sido buena o mala. ¿Es una política efectiva cuando llega a un mayor número de ciudadanos? ¿Incide en la economía cuando implica una mayor movilidad de recursos? ¿Mejora la calidad de vida cuando mejoran los indicadores de consumo?

 

Enfatizar en la cultura de la evaluación conlleva implementar esta práctica como política de Estado y de ese modo buscar su institucionalización como herramienta de aprendizaje continuo sobre las intervenciones, consecuentemente la transparencia gubernamental no se medirá sólo por la presentación de los recursos utilizados, sino también por la exteriorización de los actores involucrados, por la delimitación concreta del campo de acción, por la puesta en valor de los objetivos de la intervención y por la facilitación de herramientas de evaluación en todos los estadios de una política pública.

 

La institucionalización de la evaluación va de la mano de la autonomía de los evaluadores en relación al aparato gubernamental, es así que la profesionalización y la incorporación de Universidades Públicas podrán concatenar esfuerzos en una evaluación saludable y capaz de generar intervenciones que sean trascendentales para el desarrollo de una región y de sus respectivos habitantes. 

 

Pensar la evaluación como herramienta de cambio implica un compromiso no solo de la esfera gubernamental sino también de la ciudadanía capaz de afrontar un cambio de paradigma en su  relación con el Estado y en ese camino podamos empezar a pensar en intervenciones que no sólo cambien la calidad de vida los ciudadanos sino que también produzcan cambios culturales, donde los objetos de la intervención no sean medidos como gastos del Estado sino como inversiones en una sociedad más justa e igualitaria.